Jorge Daniel Camarena coordinó la publicación del Washington Post en México y ha sido coeditor de política. Se ha especializado en la agenda binacional entre México y Estados Unidos.

El gobierno federal convocará a expertos, académicos y a la sociedad civil a participar en foros de debate sobre el tema de la mariguana. Foto: Agencia Reforma

El pasado 4 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México emitió un fallo que generó una onda expansiva de reacciones que mantiene sus efectos hasta ahora y seguramente se extenderá por más tiempo, debido a su carácter de inédito.

El fallo fue denominado erróneamente por muchos medios como la “luz verde al uso recreativo de la mariguana” e incluso, de manera menos acertada, como “la legalización” del precitado enervante. Fue el calor del momento, seguramente.

En corto, la decisión de la SCJN sólo ampara a cuatro individuos –Josefina Ricaño, Armando Santacruz, José Pablo Girault y a Juan Francisco Torres Landa, integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART)–. para cultivar, poseer, transportar y consumir mariguana con fines recreativos. Cabe destacar que ninguna de estas personas es consumidora de la cannibis sativa.

Ahora, si bien el fallo del máximo tribunal mexicano no representó una legalización per se, sí sienta un precedente para futuras decisiones. El primer balde para un molino de agua que ha comenzado a girar.

De entrada, ha generado un debate dicotómico sobre su legalización absoluta.

Por un lado están quienes la apoyan y han utilizado argumentos relacionados con el tema del crimen organizado y las penas por el consumo. Por ejemplo, mismo SMART, en una entrevista otorgada al diario El Universal días antes de fallo de la SCJN, aseguró que la legalización del enervante “evitaría que los que hoy la compran tengan contacto con el crimen organizado”.

La fracción del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados promovió una ley de amnistía a favor de los consumidores de la cannabis sativa, al asegurar que “uno de cada cuatro de los que están (encarcelados) por posesión de marihuana tenía menos de 200 pesos (del enervante) cuando los capturaron… Esas personas están en prisión por pobres, porque no tuvieron dinero para corromper a una autoridad, para pagar una fianza o para tramitar un juicio de amparo… Por tener cantidades de marihuana que valen menos de 200 pesos, no por ser narcotraficantes”, según reportó el diario El Economista, el pasado 6 de noviembre.

Por otro lado, están quienes se oponen a la legalización aludiendo prácticamente a los mismos argumentos. El senador del PRI, Patricio Martínez, dijo en un foro sobre el tema que en su familia no son tan “modernistas” y no le gustaría que sus hijos le dijeran un día que van a fumar marihuana.

La Arquidiócesis Primada de México publicó en el editorial de su semanario Desde la Fe, que permitir el uso recreativo de la mariguana significa que “se escribió otro capítulo de ignominia en la historia judicial de México” y se “incuba el embrión de la destrucción”. Incluso, el gobierno federal estadounidense se ha pronunciado al respecto a través de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), la cual publicó el informe “Los peligros y consecuencias del abuso de la mariguana”, en el que argumenta que la despenalización de esta yerba “creará dependencia, problemas en el tratamiento y abrirá la puerta hacia el uso de otros estupefacientes; al deterioro de la salud, una conducta delictiva y conductores drogados”.

Lo cierto es que el tema de la legalización de la mariguana tiene más aristas, que no pueden ser delimitadas al simple hecho de su despenalización u oponerse a ésta. Una de ellas es su uso medicinal.

No obstante, antes de que ocurra cualquier cosa, queda mucho camino por delante para llegar a cualquier cambio jurídico en cuanto a esta planta psicoactiva y su papel en México.

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha asegurado que pese a oponerse a la legalización de la mariguana, convocará a expertos, académicos y a la sociedad civil a participar en foros de debate sobre el tema. En ambas cámaras del Congreso mexicano, las propuestas hacia la vía de la despenalización y la debida jurisprudencia estarán fluyendo conforme el tema se mantenga en la agenda y sostenga su valor político.